La ley blindará con rango legal las coberturas básicas en esta materia, universalizará los servicios sociales y garantizará también la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.

 

Durante su tramitación parlamentaria, el texto que ayer se aprobó ha sido objeto de debate por parte de los agentes económicos y sociales, colegios profesionales, entidades del tercer sector, así como de los grupos políticos, que han ido registrando sus aportaciones a la norma.

 

De este modo, el CERMI Andalucía y sus entidades miembros han venido haciendo durante todo este tiempo una serie de aportaciones con objeto de mejorarla lo máximo posible. Entre las mismas, destaca el que existiera un compromiso para que las prestaciones y servicios se garantizaran como derecho subjetivo, de provisión obligatoria por la Administración y que no estuvieran sujetos a la disponibilidad presupuestaria, a la situación económica o al cumplimiento del déficit, así como que se debía contemplar un fortalecimiento del apoyo a las entidades sin ánimo de lucro en la regulación del concierto social.

 

De hecho, la ley establece que, en igualdad de condiciones, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con entidades de iniciativa social como fundaciones, asociaciones, organizaciones de voluntariado y entidades sin ánimo de lucro, entre otras. Según el texto aprobado, se prohíbe a la iniciativa privada y social la posibilidad de crear centros o servicios reservados o que desempeñen funciones reservadas exclusivamente a la iniciativa pública.

 

El régimen del concierto social se establece como una modalidad diferenciada del concierto regulado por la normativa de contratación del sector público.

 

Precisamente, para CERMI Andalucía la Ley de Servicios Sociales adquiere especial relevancia por las materias que regula, como la introducción de la figura del concierto social; el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía; el Mapa de Servicios Sociales (que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales); la Formulación del Plan Estratégico de Servicios Sociales o el Decreto de Autorización y Registro de Entidades, Centros y Servicios, entre otras.

 

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas destacan los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia. Todos ellos podrán exigirse ante los tribunales de justicia. Además, la ley prevé otras prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos.

 

El catálogo de prestaciones diferenciará entre las ofertadas a través de los Servicios Sociales Comunitarios y las de los Servicios Sociales Especializados.

 

La ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y persigue, entre otros fines, una administración más eficiente y eficaz y una atención integral y coordinada a las personas que accedan al Sistema Público de Servicios Sociales. Por último, pretende dotar de mayor transparencia a los servicios y prestaciones que se ofrecen y fomentar la cultura de calidad y seguridad en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.